Se trata de uno de los «cambios estructurales más importantes -en palabras de la vicepresidenta Díaz- que va a abordar el Gobierno, con las comunidades autónomas y de la mano del diálogo social», y cuyo detalle se conocerá en la Conferencia Sectorial de Empleo que se celebrará el próximo 28 de abril.

El apoyo presupuestario a las nuevas PAE, ha recordado el secretario de Estado, es «de más de 3.500 millones de euros, la partida más importante de la historia». De esos 3.500 millones de euros, en la citada sectorial, se debatirá una propuesta de distribución de 2.100 millones para las diferentes comunidades autónomas participantes. Se añade a este montante, tal como explicaron Díaz y Pérez Rey, los 260 millones de euros para Plan del Fomento del Empleo Agrario (PROFEA), y los 1.100 millones de euros en PAE, contempladas en el componente 23, con inversiones decisivas en dos vectores clave para el empleo: los/las jóvenes y las mujeres.

Las nuevas Políticas Activas de Empleo, centro nodal del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, abordan la digitalización de las PAE, «concebidas como grandes aliadas de las empresas y de la transformación del modelo productivo de nuestro país», ha señalado la ministra de Trabajo y Economía Social.

Eficacia y trazabilidad

Desde el gobierno se ha indicado que este rediseño se basa en dos elementos fundamentales: su eficacia para impulsar el empleo y «que lo hagan permitiéndonos saber para qué estamos usando estos fondos, una trazabilidad de los mismos, que genere una gobernanza inspiradora que nos permita aprender de lo que mejor funciona y corregir errores».

En este sentido, la vicepresidenta Díaz ha hablado del carácter orientativo y de evaluación permanente de las PAE, que deben ser personalizadas y adaptadas a las personas trabajadoras, y que deben acudir «a perfilados estadísticos y a la inteligencia artificial» para estar presentes en el «origen y desarrollo de toda la vida laboral». La evaluación constante de las PAE, tanto en el marco ministerial como en el de las comunidades autónomas, será una de las características principales de este nuevo diseño, que apuesta por la transparencia y la trazabilidad.

Evaluación

Además, las nuevas PAE serán objeto de seguimiento y evaluación. «Un cambio sustancial -ha dicho Díaz- es que vamos a condicionar los recursos públicos sujetos a los resultados obtenidos y a su evaluación, que es lo que nos pide Europa y la Aidef», ha continuado Díaz, que ha llamado a la «implicación de todas las CCAA» y a una «nueva política, basada en la transparencia y en la rendición de cuentas, que es una oportunidad única para cambiar el rostro de esta pieza fundamental para el empleo en nuestro país».

La vicepresidenta tercera ha recordado la importante «modernización de los servicios públicos de empleo, con la digitalización de los mismos» así como la inversión de «cantidades importantes en presupuesto para conseguir un auténtico portal público de empleo, una plataforma integrada común» y que estos servicios «puedan llegar a nuestros dispositivos móviles, no solo como orientación sino con todos los recursos online que podamos distribuir desde el SEPE».

Formación en ERTE y contratos formativos

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha destacado que las nuevas PAE «impulsarán los encuentros entre el mundo formativo y laboral, huyendo de componentes que precarizan el mercado de trabajo, y con programas como Tándem e Investigo, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, «para estimular las vocaciones investigadoras y la formación superior de carácter científico que impulse el cambio de modelo productivo».

Además, Pérez Rey ha indicado que las personas trabajadoras en ERTE serán objetivo prioritario del impulso formativo: «una oportunidad para mejorar la capacitación profesional, gobernar las transiciones, liberar tiempo formativo, y avanzar en competencias digitales».

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo también ha recordado la necesidad de «mejorar y redefinir los contratos formativos» y «premiar positivamente su uso».

 

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Fuente La Moncloa