La UE pone más de 330.000 millones de euros a disposición de proyectos regionales y locales para el periodo 2021-2027 a través de los fondos estructurales, con el fin de ayudar a reducir las disparidades económicas e impulsar la recuperación de la pandemia.

Los representantes permanentes de los Estados miembros ante la UE han aprobado los textos jurídicos que regulan los fondos, que ascienden a casi un tercio del presupuesto de la UE para siete años, confirmando así el acuerdo político alcanzado con el Parlamento Europeo.

Nuevas prioridades de inversión

El paquete de cohesión para el periodo 2021-2027 prevé inversiones plurianuales en las que la mayor parte de los recursos se concentra en los países y regiones menos desarrollados con el fin de fomentar la cohesión social, económica y territorial en toda la UE. En la crisis actual, esto no solo aliviará los efectos sociales y económicos a largo plazo de la pandemia de COVID-19, sino que también contribuirá al funcionamiento del mercado único.

Los colegisladores han acordado cinco nuevos objetivos de actuación que reflejan las principales prioridades de la UE:

  • una Europa más competitiva e inteligente,
  • una Europa más verde y baja en carbono en transición hacia un nivel cero de emisiones netas y más resiliente,
  • una Europa más conectada,
  • una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales,
  • una Europa más próxima a sus ciudadanos.

Los proyectos financiados por los fondos van desde las infraestructuras de transporte, los hospitales y la asistencia sanitaria, las energías limpias, la gestión del agua, el desarrollo urbano sostenible, la investigación, la innovación y la digitalización hasta los programas de empleo, la inclusión social, la educación y la formación.

Simplificación y eficiencia

La nueva legislación simplifica las normas, reduciendo la burocracia y garantizando un uso más eficiente de los recursos.

Se ha vinculado al Semestre Europeo, un marco para la coordinación de las políticas económicas que da lugar a recomendaciones de reformas estructurales a nivel nacional. Esto orientará a los Estados miembros para que inviertan del mejor modo posible el dinero procedente de los fondos con el fin de lograr una mayor repercusión a nivel regional y local.

Además, el acceso a los recursos de cohesión está condicionado al cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

El proyecto legislativo también prevé una supervisión efectiva del mercado de adjudicación de contratos públicos, así como una mayor transparencia (los Estados miembros proporcionan información más detallada sobre los perceptores de los fondos).

Acción por el clima

En total, alrededor del 30 % de los fondos estructurales contribuirá a la descarbonización de la economía; cada tipo de actividad de inversión tendrá un coeficiente climático específico. Los proyectos también deben respetar el principio de «no causar un perjuicio significativo», en consonancia con los objetivos medioambientales de la UE.

 

Siguientes etapas

Se espera que el Parlamento Europeo confirme el acuerdo político en marzo. Si bien lo más probable es que los proyectos de Reglamentos entren en vigor en junio, tras la revisión jurídico-lingüística, las asignaciones para los Estados miembros serán efectivas a partir del 1 de enero de 2021.

 

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Fuente Consejo Europeo