Todas las administraciones locales y autonómicas que quieran participar en la gestión de los Fondos Europeos tendrán que aprobar los planes anticorrupción en menos de 90 días.

La Orden publicada por el Ministerio de Hacienda desarrolla un “sistema de gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta orden introduce un elemento novedoso: los planes de medidas antifraude, con especial impacto en los conflictos de intereses. “Cualquier administración o incluso intermediarios privados deberán establecer mapas de riesgo, declaraciones de ausencia de conflicto de interés, códigos éticos, buzones de denuncias, sistemas de alertas, cursos de formación de sus gestores o políticas de obsequios y confidencialidad.”

 

El «Plan de medidas antifraude» deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos(BOE):

a) Aprobación por la entidad decisora o ejecutora, en un plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor de la presente Orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR.

b) Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución.

c) Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.

d) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.

e) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.

f) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.

g) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente

h) Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.

i) Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE. En particular, deberá establecerse como obligatoria la suscripción de una DACI por quienes participen en los procedimientos de ejecución del PRTR, la comunicación al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de la decisión que, en cada caso, corresponda.

 

«Es obligación de la entidad afectada evaluar la incidencia del posible fraude y su calificación como sistémico o puntual y, en todo caso, retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.»

Concepción Campos Acuña

 

Curso ‘Diseño e Implantación de Planes Antifraude en la Gestión de los Fondos Europeos’

Aprende a elaborar planes antifraude y las condiciones para su implantación en las administraciones públicas para cumplir con la normativa de los fondos europeos con este curso online con clases en directo impartido por dos reconocidas expertas en la materia.

La aprobación de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha concretado las obligaciones de gestión antifraude en el ámbito del PRTR, introduciendo un elemento novedoso: los Planes de Medidas Antifraude, con especial impacto en relación con los conflictos de intereses.

En esta actividad formativa, con un enfoque práctico, se abordarán las exigencias establecidas en el nuevo marco legal, desde una doble perspectiva: los requisitos para su elaboración y las condiciones para su implantación en las estructuras organizativas y de funcionamiento de las administraciones públicas y dar cumplimiento así a las exigencias de cumplimiento normativo. 

 

Ponentes:

  • Concepción Campos Acuña:

Doctora en Derecho, Máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en gestión pública por la FEMP. Secretaria de Administración Local, categoría superior y Codirectora de Red Localis.

 

  • Matilde Castellanos:

Licenciada en Derecho. Máster Universitario en Dirección Pública, Hacienda Pública y Tributación por la Uned- Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y Máster en Dirección TIC. Funcionaria del Cuerpo Superior de la Generalitat Valenciana, es Viceinterventora General de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

 

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